02.12.2021
El sector residencial, en contra de todos los pronósticos, ha sorprendido gratamente en su comportamiento ante la crisis derivada del Covid. No solo ha sabido sobreponerse a toda velocidad al impacto que tuvo en él la pandemia, sino que ha logrado coger el ritmo y adelantar las cifras del 2019.
Su resiliencia, que había quedado arrinconada por la fuerte crisis financiera de 2008, ha vuelto a demostrar que la vivienda es un activo refugio en periodos complicados y por ello, el sector se ha posicionado como uno de los segmentos más atractivos para la inversión en plena pandemia, junto a otros como el logístico.
El apetito por este mercado es tal, y existe tanta liquidez en el sector, que ni siquiera la enorme incertidumbre generada por las idas y venidas políticas en torno a la nueva Ley de Vivienda han logrado echar el freno al crecimiento de este mercado, al menos hasta ahora. Esto no quiere decir que el flujo de capital hacia España no esté en riesgo, y así lo advierten los 50 directivos del sector, que analizan cuáles serán los retos y las tendencias del sector residencial el próximo año.
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Precisamente, la llegada de esta nueva normativa es una de las principales preocupaciones que ronda por los despachos de las grandes empresas que apuestan por este sector. La falta de seguridad jurídica tiene en alerta a los grandes fondos institucionales que llegaron a España con el objetivo de formar grandes carteras de vivienda en alquiler y profesionalizar el mercado. Una tarea pendiente en nuestro país, que se sitúa a la cola frente a otros vecinos europeos, donde la mayor parte del parque de vivienda está en manos de empresas especializadas en su gestión.
En España, sin embargo, alrededor de un 95% de los pisos en alquiler está en manos de particulares. Estos tampoco han sido ajenos a la nueva Ley de Vivienda y, de hecho, los expertos advierten de que puede darse un trasvase de producto hacia el mercado de la compraventa lo que aumentaría todavía más el problema de la vivienda en España, al verse reducida la oferta.
Desde el sector, critican el intervencionismo y apuntan a la desigualdad entre oferta y demanda, tanto en alquiler como en compraventa, como uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector y la población española en general. Así, consideran muy relevante que la administración ponga en marcha medidas que favorezcan el incremento de la oferta.
Por un lado, apuntan a la colaboración público-privada para poder consolidar un parque de vivienda pública en alquiler que dé respuesta a una demanda de vivienda social, que no debe suponer una responsabilidad para el sector privado. Este es otro de los deberes pendientes de nuestro país, que se encuentra en este aspecto muy lejos de otros países europeos.
Los expertos apuestan también por la vivienda asequible y accesible y para ello necesitan que desde las distintas administraciones se agilice el desarrollo de suelo, ya que su elevado coste, que supone un 50% del total de los proyectos, repercute en el encarecimiento de la vivienda. Así, demandan también flexibilidad en los usos, para poder adaptar el urbanismo a las nuevas necesidades de la población y agilidad en la concesión de licencias para nuevos desarrollos.
El encarecimiento del suelo, además de influir en el precio final de las viviendas, supone un importante freno al desarrollo del sector, ya que está dejando fuera de juego al promotor local, que no cuenta con la capacidad financiera suficiente como para adquirir nuevos terrenos, lo que afecta a la nueva generación de producto.
El encarecimiento de las materias primas, que ha llevado a un aumento de los costes de la construcción de más del 13%, también se ha convertido en un quebradero de cabeza para el sector, que espera una estabilización de los precios a lo largo del próximo año.
Asimismo, la falta de mano de obra es otro de los males que persigue al sector residencial de la obra nueva desde hace ya tiempo y esta carestía de personal cualificado podría agravarse con la llegada de los fondos europeos, ya que se espera un fuerte incremento de la actividad de rehabilitación que necesita además de expertos cualificados en sectores como las energías renovables en el ámbito residencial que no se han visto muy desarrollados hasta la fecha en España.
Por elEconomista
